Esta sección está dirigida a ofrecer actualidad sobre la igualdad de oportunidades y de trato en las empresas, novedades del Servicio y también incluirá iniciativas públicas o privadas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Según el estudio publicado por el Banco de España, las políticas de apoyo a la conciliación entre la vida laboral y familiar pueden aumentar la fecundidad, pero tienen efectos negativos sobre el empleo de las mujeres y sus ingresos a lo largo de su vida laboral.
El análisis de distintas medidas —como la reducción de jornada, los permisos parentales o las ayudas por menores— muestra una disyuntiva clara: aquellas políticas que logran elevar la fecundidad reducen la contratación y las oportunidades de promoción de las mujeres, al aumentar los costes y los riesgos percibidos por las empresas.
Como resultado, el mercado laboral ofrece menos empleo femenino, aunque más estable. Muchas mujeres con peores perspectivas laborales permanecen fuera del empleo y optan por tener más descendencia, mientras que las mujeres que acceden a puestos de trabajo tienden a tener mayor cualificación y también aumentan su fecundidad gracias a una mayor seguridad laboral.
El estudio estima que las políticas que elevan la fecundidad hasta niveles cercanos a dos descendientes por mujer reducen los ingresos laborales de las mujeres acumulados en torno a un 10 %.
El informe presta especial atención a la reducción de jornada con protección del empleo introducida en España en 1999. Esta medida incrementa la fecundidad, pero hace que contratar y promocionar a mujeres sea más caro para las empresas, lo que provoca una menor participación laboral de las mujeres y una reducción del bienestar medio de las mismas. Por otro lado, el estudio señala que este resultado negativo depende de la reacción empresarial y que, si las empresas no ajustaran su comportamiento, el bienestar de las mujeres aumentaría.
Entre todas las medidas analizadas, solo las subvenciones a la promoción permiten mejorar simultáneamente la fecundidad y los resultados laborales de las mujeres, al corregir la infrapromoción de estas derivada de la incertidumbre empresarial sobre la maternidad.
En 2025 se conmemoró el 30º aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el principal acuerdo internacional para la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y para el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, aprobado en 1995 por 189 países.
Con motivo de este aniversario, ONU Mujeres España ha subrayado la necesidad de intensificar las acciones para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, destacando seis ámbitos prioritarios, entre ellos la erradicación de la violencia contra las mujeres, la reducción de la brecha digital de género, el impulso de la rendición de cuentas en la agenda de mujeres, paz y seguridad y en la acción humanitaria con perspectiva de género, así como la aceleración de la paridad de género.
En España, el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres se materializa a través de un sólido marco normativo y de políticas públicas integrales orientadas a transformar la igualdad formal en igualdad efectiva. Según el Índice Europeo de Igualdad de Género 2024, España ocupa el 4º puesto entre los Estados miembros de la Unión Europea, con avances significativos desde 2015. No obstante, persisten brechas importantes, como la segregación vertical y horizontal en el mercado laboral, las desigualdades salariales que enfrentan las mujeres, la segregación de género en la educación y la distribución desigual de los cuidados y las tareas domésticas entre mujeres y hombres.
El informe elaborado por ONU Mujeres España recoge los resultados de un proceso participativo desarrollado en el marco del 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, conocido como Beijing +30. Se estructura en una introducción, la descripción del proceso participativo, los resultados del diagnóstico elaborado, la propuesta de soluciones conjuntas y una breve conclusión.
Las conclusiones del informe señalan que, pese a los avances, la igualdad real entre mujeres y hombres aún no está garantizada, debido a la persistencia de brechas estructurales, desigualdades territoriales y desafíos emergentes que requieren respuestas integrales, coordinadas y sostenibles en el tiempo. Se destaca que, durante el proceso participativo Beijing +30, las personas y organizaciones participantes coincidieron en la necesidad de reforzar la acción conjunta entre el Estado, el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos feministas y los medios de comunicación. Este esfuerzo colectivo debe orientarse a garantizar la participación efectiva de las mujeres en todos los espacios de decisión, erradicar todas las formas de violencia y asegurar una transición ecológica y digital justa, entre otros objetivos.
El informe busca ser un insumo para establecer una hoja de ruta que oriente políticas públicas, inversiones y alianzas estratégicas hacia 2030.